El término criollo restavek es hoy cuestionado por las instituciones haitianas y los organismos humanitarios. Considerado peyorativo, atribuye de inmediato una etiqueta a niños que no siempre son maltratados. Estas instituciones prefieren hablar de “niños en situación de domesticidad” para diferenciar mejor entre comportamientos abusivos y aquellos tolerados por las costumbres del país.

Tras el terremoto, el Instituto de Bienestar Social y de Investigaciones (IBESR), adscrito directamente al Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, implementó proyectos para combatir la explotación de menores, entre ellos el programa “Una Haití sin restaveks” y el dispositivo “Yon fanmi pou chak timoun” (“una familia para cada niño”), para buscar familias de acogida para los huérfanos en lugar de colocarlos en hogares infantiles. Estos lugares, similares a los orfanatos en Francia, plantean numerosos interrogantes en la práctica. En la mayoría de los casos tienen mala reputación debido a numerosos casos de maltrato comprobado, condiciones higiénicas deplorables y la presencia de traficantes más interesados en el lucro que en el bienestar del niño.

En 2015, el IBESR fue más lejos con una Estrategia Nacional de Protección del Niño (SNPE), hoja de ruta que abarca el periodo 2015–2020 con el apoyo de UNICEF y numerosas ONG. El objetivo declarado era coordinar mejor los recursos de los distintos actores. Ariel Villedrouin, directora general del IBESR, menciona de inmediato el periodo de inestabilidad posterior al terremoto: “Antes de 2010 había un centenar de hogares infantiles. Un año después contábamos 776. Se creó un vasto mercado en el que los traficantes se aprovecharon de la debilidad del control estatal para hacer sus negocios. Nuestro papel fue primero reforzar el marco legal firmando convenios internacionales y creando leyes sobre adopción y trata de niños. Pudimos cerrar más de 160 de estas estructuras, un proceso largo que exige acompañar a los cientos de niños afectados para evitar que terminen en la calle, un entorno propicio para la delincuencia”.

1 DE CADA 5 NIÑOS NO TIENE ACTA DE NACIMIENTO

El gran problema para tener un impacto real en toda la sociedad: la falta de recursos para articular una política pública clara. El presupuesto destinado a la protección infantil es irrisorio, representando solo el 0,55% del presupuesto nacional. “En el IBESR contamos con 52.683.560 gourdes (aprox. 660.000 euros) al año, de los cuales 81% se destina a salarios e indemnizaciones del personal. Solo quedan 10.000.000 gourdes (aprox. 125.000 euros) para gastos operativos. Dependemos enormemente del financiamiento de UNICEF y de las ONG para implementar esta estrategia”, admite Ariel Villedrouin.

Si la llegada al poder de Jovenel Moïse en febrero de 2017 puso fin a una inestabilidad política con un parlamento anteriormente considerado disfuncional, el trabajo por hacer sigue siendo considerable. El Senado y la Asamblea Nacional tienen pendiente una agenda legislativa importante, incluyendo la ratificación de una ley para establecer un código de protección del niño. Este código existe desde 1997, con su última versión aprobada por el Consejo de Ministros en 2015. Sin embargo, actualmente divergencias entre senadores impiden su firma y, por tanto, su entrada en vigor.

Según Joanitho Jethro Thomas Dubois, coordinador de protección de Terre des Hommes —ONG suiza—, “el mayor desafío sigue siendo la aplicación de las leyes. La voluntad política existe, con el trabajo del IBESR y la voz de la primera dama, Martine Moïse, muy comprometida con esta causa, pero quienes explotan a los niños rara vez son perseguidos por la justicia. No recuerdo haber visto en periódicos o televisión el reporte de un juicio por abusos contra restaveks… según mi opinión, este fenómeno sigue siendo insuficientemente tratado, como si estuviera normalizado.” Una observación compartida por Ariel Villedrouin: “Todavía hay debilidades que subsanar en el ámbito judicial. Es difícil probar que un niño es víctima de explotación en una familia que lo acogió, aún más si se trata de parientes de la familia biológica. En caso de violación, podemos probar el abuso; lo demás es más delicado.” Eugene Guillaume, de la ONG Lumos, menciona también una falta de divulgación: “Un niño debería poder entender cómo la ley puede protegerlo de los abusos y permitirle denunciar más fácilmente comportamientos perversos para que sean sancionados.”

En el día a día, el trabajo principal del IBESR, de UNICEF y de las ONG consiste en realizar acciones de sensibilización para informar a la población y ejercer más presión sobre el gobierno haitiano para que la protección infantil reciba un presupuesto mayor. Otro eje, cada vez más importante, es la formación de familias de acogida a través de programas que duran varios meses, para que los hogares infantiles —mejor controlados— se conviertan únicamente en último recurso. Con el apoyo de Canadá, UNICEF ha acompañado desde abril de 2017 a más de 6.000 familias para mejorar la escolarización de los niños mediante un sistema de apoyo destinado a reducir su vulnerabilidad.

A nivel estatal, la Brigada de Protección de Menores (BPM) interviene conjuntamente con el IBESR desde 2012; existe un número de emergencia para denunciar comportamientos abusivos, y el Tribunal de Menores puede hacerse cargo de un caso con tres jueces especializados en Puerto Príncipe. Otro avance, a comienzos de 2017, fue la creación del software Sistema de Información Nacional de Protección y Seguridad del Niño (SINAPSE), financiado por la Embajada de Francia para el IBESR, con el fin de crear fichas de identidad de los niños que no viven con sus padres. Un enorme desafío en un país donde, según UNICEF, el 19% de los niños no tenía acta de nacimiento en 2010.

Sébastien Roux